Enfermería Intercultural

Una apuesta por la Interculturalidad en el campo de la Salud

XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados #Vitoria @Investenisciii)

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 14 abril, 2014

YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA PRESENTAR LOS RESÚMENES, TIENES HASTA EL 3 DE JUNIO, ACCEDE DESDE AQUÍ
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El Comité Organizador del XVIII Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados (Investén-isciii) tiene el placer de invitarle a este evento, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, España, del martes 11 al viernes 14 de noviembre de 2014.
Queremos que éste sea un punto informal de encuentro donde los profesionales interesados puedan intercambiar opiniones, experiencias, ideas, dudas, proyectos de investigación futuros y actuales, sugerencias, conocimientos…
Estamos seguros que el Encuentro proporcionará a los asistentes una oportunidad única para un intercambio de conocimientos sobre resultados provenientes de la investigación en los diferentes ámbitos de cuidados. Una ocasión para implicarse en los cuidados de salud basados en la evidencia contribuyendo a su transferencia y su utilización.
Esperamos que este Encuentro consolide las bases construidas sobre los resultados obtenidos y reúna a un gran número de profesionales de diferentes disciplinas de la salud procedentes de todo el mundo.
Vitoria-Gasteiz es una ciudad con una enorme herencia cultural e histórica, lo que nos recordará que los logros más increíbles del ser humano pueden alcanzarse mediante el desarrollo de nuestras capacidades. La ciudad posee numerosos monumentos de gran riqueza cultural e histórica.
Independientemente de su experiencia académica o clínica, estamos seguros que el conocimiento que usted pueda aportar a este Encuentro Internacional contribuirá a la consecución de mejores resultados globales de salud.
Los miembros del Comité de Honor, el Comité Organizador y el Comité Científico, estaremos encantados de verle en Vitoria-Gasteiz en Noviembre 2014.
Teresa Moreno Casbas
En nombre de ambos Comités
Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
(www.isciii.es/investen)

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Dos años de reforma sanitaria #PP #ExclusionSanitaria #NadieDesechado @MedicosdelMundo

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 7 abril, 2014

CONTINUAMOS DESDE “ENFERMERÍA INTERCULTURAL ” CON LA DIFUSIÓN DE LA MAGNIFICA CAMPAÑA QUE ESTÁ DESARROLLANDO MÉDICOS DEL MUNDO DENUNCIANDO LA SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SANITARIA PROVOCADA POR EL INHUMANO RD 16/2012 DEL PARTIDO POPULAR

Con motivo del Día Internacional de la Salud, que se celebra hoy 7 de abril, Médicos del Mundo ha hecho público el informe “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo”. Accede al informe pinchando AQUI

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Este informe muestra que las medidas que han tenido que adoptar las comunidades autónomas para ejecutar el Real Decreto-ley 16/2012 son muy heterogéneas y están descoordinadas, con lo que contribuyen a hacer más profundas las desigualdades en salud entre los diferentes territorios del Estado. El documento analiza detalladamente los mecanismos ideados por cada región para lidiar con las dificultades de aplicación de la reforma sanitaria. Unas medidas que no son más que “parches” que intentan paliar el importante caos y el grave sufrimiento que ha generado la legislación.

Esta reforma estructural del sistema sanitario se justificó en términos de austeridad. Sin embargo, dos años después, la sociedad española desconoce el ahorro supuestamente producido. Durante los dos años transcurridos desde su aprobación, diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas vienen advirtiendo al gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y, específicamente, sobre el impacto de la reforma sanitaria en los colectivos de población más vulnerables.

Un “menú” variado e incompleto – 10 comunidades autónomas han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular sin recursos. – 8 de ellas en forma de “programa complementario” para el colectivo de personas no aseguradas ni beneficiaras sin recursos y dos reconociendo el derecho a la atención sanitaria de igual manera que el resto de la población residente (Andalucía y Asturias). – Entre el resto de comunidades se han definido condiciones de acceso a la atención médica -sin emitir tarjeta sanitaria- en determinados supuestos y con criterios diferentes entre unas y otras. Como resultado, encontramos un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria que varía considerablemente de unas regiones a otras.

Otra característica de la mayoría de los “programas especiales” creados por las comunidades autónomas es la escasa efectividad que están teniendo. Por ejemplo, sólo 1.470 personas han logrado cruzar con éxito la travesía burocrática necesaria para beneficiarse del programa gallego; apenas 500 han accedido al programa aragonés y sólo 145 al canario, una cifra ridícula si tenemos en cuenta que 48.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria en las islas. También la prestación farmacéutica es regulada de manera desigual entre las distintas comunidades, limitándose por lo general a cubrir únicamente algunos supuestos. – Miles de personas enfermas sin atención médica ni farmacéutica.

Las personas que están sufriendo la exclusión sanitaria se encuentran en una situación de enorme desamparo, no solo por no recibir asistencia médica cuando la necesitan, sino también porque no están siendo informadas adecuadamente de sus derechos y de las distintas alternativas que las autonomías han puesto en marcha para paliar los efectos más negativos del Real Decreto-ley. Siguen produciéndose denegaciones de asistencia sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas -cuando ésta es obligatoria-; facturaciones de la asistencia en urgencias -aunque debe ser gratuita y universal-; y numerosos casos de incumplimiento de las normas de las que se han dotado las propias comunidades para minimizar los efectos adversos del cambio legislativo. En realidad, toda la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo. Las personas inmigrantes con y sin permiso de residencia y las personas con nacionalidad española han de hacer frente a copagos en los medicamentos.

La situación de precariedad económica de muchas familias hace que los copagos constituyan una barrera infranqueable para el acceso a los fármacos, impidiendo con ello el seguimiento de tratamientos que podrían poner fin a sus enfermedades o al menos disminuir su gravedad.

En cuanto a la violencia de género, y teniendo en cuenta que según datos de 2011, su incidencia entre mujeres extranjeras doblaría la que sufren las españolas, la reforma sanitaria significa un grave retroceso en la estrategia contra este delito, al impedir el acceso a la atención primaria, donde se detectan muchos de los casos. Igualmente, resulta prácticamente imposible la detección temprana de enfermedades con riesgos para la salud pública si cientos de miles de personas que viven en España no acceden a la atención primaria. Conclusiones y recomendaciones.

Desde Médicos del Mundo se pide ha pedido al Gobierno español que restituya el modelo sanitario acorde con el principio de universalidad de la asistencia sanitaria y para respaldar esta reivindicación se están recogiendo firmas de ciudadanos y ciudadanas a través de un sencillo formulario en la página web de la campaña Nadie Desechado. Nos encantaría contar con vuestra colaboración: ¿habéis firmado ya?

Por su parte, las comunidades autónomas, de manera transitoria hasta recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, deben poner en marcha acciones para hacer efectivo en su territorio el pleno cumplimiento y respeto del Derecho a la Salud: poner fin de manera inmediata a las prácticas de facturación por la atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria; garantizar de manera efectiva la atención sanitaria a menores de edad y mujeres embarazadas; garantizar el acceso a los servicios de salud y prestación farmacéutica tanto para las personas inmigrantes excluidas del Sistema Nacional de Salud como para las nacionales que encuentran en el copago una importante barrera de acceso; divulgar ampliamente de forma adecuada y hacer cumplir las medidas diseñadas a todo el personal adscrito al sistema de salud autonómico.

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Quién es Quién en Investigación en Cuidados. Nueva herramienta de @Investenisciii

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 5 abril, 2014

Quiero compartir con vosotr@s la agradable sorpresa que tuve hace algo más de un mes al ser seleccionado como nuevo miembro de la Comisión Consultora de la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III, Investen isciii. La sorpresa fue aún mayor cuando descubrí que entre los 45 miembros de todo el estado sólo hay 3 andaluces.

De nuevo, en esto de la investigación soy más profeta fuera que dentro de mi tierra”.

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En línea con los objetivos de Investen isciii de impulsar y facilitar el desarrollo de la investigación en cuidados, han creado un nuevo recurso que espero os sea de utilidad; ¿Quién es Quién? Investigación en Cuidados. Se trata de una recopilación de datos de personas que investigan en cuidados, tanto de sus proyectos de investigación como de sus publicaciones.

La búsqueda, que se puede realizar por tema de estudio, comunidad autónoma, etc., posibilitará el contacto entre investigadores interesados en los mismos temas. Todo ello no será posible sin vuestra colaboración, cuantos más investigadores se registren y aporten su información científica, mejorarán las posibilidades de contacto y coordinación para desarrollar la investigación en cuidados.

Yo ya me he registrado, aquí teneis mi enlace como investigador (aunque todavía faltan algunas cosillas que he hecho por colgar).

http://qeqc.recursosencuidados.es/investigadores/fernando-jesus-plaza-del-pino

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La Privatización de la #SanidadPublica MATA. Ni gestión privada ni Unidades de Gestión Clinica

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 14 marzo, 2014

Contundente y clarificador el vídeo de CAS Madrid sobre las consecuencias sobre la Salud de las personas de las privatizaciones de hospitales o las privatizaciones encubiertas que son las Unidades de Gestión Clínica.

La única manera de asegurar la calidad y la universalidad de la Sanidad Pública es manteniendo todos sus dispositivos (hospitales, centros de salud, centros de especialidades,…) y todo su personal, tanto sanitario como no sanitario como público.

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Derribemos los mitos de la #inmigración

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 8 marzo, 2014

A veces, de manera casual, encuentro artículos que expresan a la perfección ideas con las que coincido plenamente. No se me ocurre otra cosa mejor que compartirlo en mi blog. Este artículo (publicado el El Mundo) me recuerda enormemente  otro publicado en agosto de 2012; Las 8 mentiras del PP sobre inmigración y Sanidad para justificar su #racismosanitario SACA TUS PROPIAS CONCLUSIONESSobran racistas

Si queremos acertar con la política migratoria tenemos que conocer cuáles son las consecuencias de los flujos migratorios, qué nos aportan los inmigrantes en el ámbito socioeconómico. En este análisis es fundamental la perspectiva temporal. En el corto plazo, cuando nace un niño, la renta per cápita de un país disminuye (hay un dependiente más en la sociedad). Por el contrario, cuando nace un ternero, la renta sube (hay una cabeza más de ganado). Sin embargo, parece evidente que, en el medio-largo plazo, la riqueza que aportará a la sociedad ese niño recién nacido será muchísimo mayor que la del ternero. Pues bien, con la inmigración ocurre algo parecido: es fundamental que analicemos su impacto a lo largo de varias décadas.

Las empresas tecnológicas del Silicon Valley, las más prestigiosas Universidades, los grandes centros financieros y culturales o las ligas de fútbol más competitivas no serían tales sin la aportación que reciben de millones de extranjeros. Sólo algunas personas de marcado perfil xenófobo ponen en duda los beneficios económicos que los inmigrantes cualificados traen a las sociedades que les reciben.

Por desgracia, para la mayor parte de la opinión pública suele pasar desapercibido que también los inmigrantes con baja cualificación suponen un gran estímulo económico. El coste de su formación, alimentación y atención sanitaria durante su niñez y adolescencia ha corrido a cargo de sus países de origen y, sin embargo, nosotros los recibimos en plena edad productiva y nos aprovechamos de ellos cuando desempeñan los trabajos que los autóctonos no quieren ocupar. Muchas pequeñas empresas y negocios regentados por españoles no podrían sobrevivir si no disfrutaran de la inestimable colaboración de millones de inmigrantes. En Andalucía, por poner un ejemplo, las tasas de paro son muy altas en las últimas décadas, sin embargo, los empresarios agrícolas de El Ejido no podrían mantener y ampliar sus explotaciones de no contar con mano de obra extranjera. Si no fuera porque muchos empleos son desempeñados por inmigrantes, simplemente desaparecerían y muchos españoles tendrían que cerrar sus negocios. Los inmigrantes no quitan el trabajo a los nativos porque normalmente no compiten por los mismos puestos (de hecho, muchas vacantes de empleo coexisten con elevadas tasas de paro).

Es un error restringir la entrada de los que tienen una baja cualificación. Los gobiernos no tienen la capacidad de seleccionar las personas que necesita su economía. No disponen de información suficiente para saber qué trabajadores precisa el sistema en un momento dado. Además, cuando los inmigrantes (cualificados y no cualificados, legales e indocumentados) gastan sus ingresos, incrementan la demanda total de bienes y servicios y, por lo tanto, estimulan a los empresarios que los producen a contratar nuevos trabajadores. En lugar de arrebatárselos a la población nativa, los inmigrantes incentivan la creación de puestos de trabajo a través del consumo que hacen.

Muchos españoles, especialmente mujeres, han podido insertarse en el mundo laboral gracias a que han podido contar con los servicios baratos de la población inmigrante. Si el mercado de trabajo fuera exclusivamente nacional, los sueldos de los trabajadores no cualificados subirían tanto que muy pocos se podrían permitir el lujo de contratar una persona para la limpieza de su hogar, el cuidado de los hijos o la atención de los ancianos. Muchas parejas optarían por no tener hijos o por sacrificar la carrera profesional de uno de los esposos.

Las encuestas indican que la mayoría de universitarios y desempleados españoles aspiran a convertirse en funcionarios. ¡Pero es el sector privado el que crea empleo eficiente y productivo, al no estar subvencionado! Los estudios demuestran que los inmigrantes tienen una mayor iniciativa empresarial. Cientos de miles de ellos han creado en España alguna pequeña empresa en el sector del comercio, la hostelería y la construcción.

Las investigaciones llevadas a cabo en países de larga tradición migratoria coinciden en señalar que los inmigrantes (también los indocumentados) aportan al sistema mucho más de lo que reciben. El balance fiscal es indiscutiblemente positivo para los países receptores, lo que facilita la viabilidad del actual sistema de pensiones en una sociedad tan envejecida como la española.

Una explicación de los éxitos de la población inmigrante puede hallarse en la naturaleza y las características de quienes emigran por motivos económicos. Quienes dejan sus países por razones económicas pasan por un proceso de autoselección: son más jóvenes, más emprendedores, más activos, con menos aversión a correr riesgos y poseen un caudal mayor de capital humano. Quienes emigran también muestran mayor dinamismo y un vehemente espíritu emprendedor. Los inmigrantes tienden a ser más aptos, trabajadores y emprendedores que la gente del país al que llegan porque generalmente son jóvenes, tienen toda la vida por delante y mucho que ganar al emigrar. Según el economista Julian L. Simon, los inmigrantes también tienden a trabajar más duro y a ahorrar más, tienen una mayor propensión a iniciar nuevos negocios e innovar, en comparación con los trabajadores autóctonos del mismo sexo, edad y nivel educativo. La persona que se marcha a otro país no es el tipo de gente que se queda de brazos cruzados esperando a que la ayuden. En Estados Unidos, después de 15 años de residencia en el país, los ingresos medios de un inmigrante legal superan a los de los propios estadounidenses.

Algunos critican que sean los inmigrantes los que habitualmente hagan los trabajos peligrosos y mal pagados que los nativos se niegan a realizar. Sin embargo, como dice Philippe Legrain: «Insistir en salvaguardar el bienestar de alguien no permitiéndole trabajar cuando está dispuesto a ello, cuando hay trabajo por hacer y cuando es beneficioso tanto para la gente del país en el que trabaja el inmigrante como para el país del que procede, es perverso».

A lo largo de la historia ha habido experiencias de flujos migratorios masivos. En los años 90, 700.000 judíos procedentes de la antigua Unión Soviética se asentaron en Israel. En los 70, 900.000 personas fueron repatriadas desde Argelia a Francia. En 1980, 125.000 balseros cubanos llegaron a las costas de Florida. Pues bien, los estudios sobre el efecto de dichos flujos masivos sobre la población autóctona demuestran que no tuvieron ningún efecto negativo sobre su nivel de vida. Demógrafos, historiadores y economistas coinciden en apuntar que los flujos migratorios (muchas veces masivos) han tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de países como Estados Unidos, Alemania, Canadá o Australia. Si países históricamente receptores de inmigrantes como Argentina, Cuba o Venezuela atraviesan ahora penurias económicas no se debe a los flujos de personas que recibieron sino a sus políticas irresponsables y desnortadas.

DESDE MI modesta opinión, el desafío migratorio debería encararse con políticas mucho más generosas en la acogida. Probablemente deberíamos ser mucho más estrictos en las políticas de expulsión de quienes delinquen pero, sin duda alguna, tendríamos que facilitar la regularización de los indocumentados que tengan ganas de trabajar, para evitar que sean objeto de explotaciones injustas y puedan tener opción de generar riqueza. Es falso que los inmigrantes vengan exclusivamente a aprovecharse de nuestro sistema de bienestar, pero deberíamos hacer un esfuerzo por integrar en nuestro sistema educativo a los niños de los inmigrantes indocumentados y los menores deberían tener acceso al sistema público sanitario. Ellos serán ciudadanos españoles en un futuro no lejano y nos conviene que estén bien formados. Si no queremos que en España haya bolsas de marginación de inmigrantes tenemos que flexibilizar los pasos fronterizos. La gente no se desplaza miles de kilómetros para estar mendigando en las calles. Quienes no obtienen un trabajo o sus expectativas laborales no se cumplen terminan por regresar a sus países de origen (de hecho eso es lo que está ocurriendo ahora con cientos de miles de inmigrantes legales que vinieron hace años). Sólo decidirán permanecer en España en situaciones precarias si saben que el coste de volver a entrar en el futuro es muy caro y difícil.

A pesar de la corrupción que impregna España, de la mala gestión de muchos de nuestros políticos, de la altas cargas impositivas y de un sistema autonómico caro e ineficiente que malogra los potenciales beneficios de la unidad de mercado y dificulta la iniciativa empresarial, lo que sorprende es que todavía haya gente joven que arriesga su vida para labrarse un futuro en nuestro país. Por eso, agradezcamos a todos ellos que quieran venir y confíen en nuestra sociedad, que aspiren a forjarse con dignidad un futuro próspero entre nosotros y, de esa manera, contribuir a que el resto de la ciudadanía también lo tenga.

Jesús Javier Sánchez Barricarte es profesor de Demografía en la Universidad Carlos III de Madrid y autor del libro Socioeconomía de las migraciones en un mundo globalizado (Madrid: Biblioteca Nueva, 2010).

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Las seis violaciones de la Carta Social Europea por #España #PPinhumano

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 28 febrero, 2014

En el informe sobre España que el Comité Europeo de Derechos Sociales presentó el pasado 28 de enero, se han detectado seis violaciones específicas de la Carta Social Europea en nuestro país. En este artículo Jaume Saura destaca las vulneraciones más flagrantes.
Artículo publicado en eldiario.es

imagesYa hemos explicado en otro lugar qué es la Carta Social Europea (CSE) y cuáles son las funciones de su órgano de supervisión, el Comité Europeo de Derechos Sociales. Señalábamos entonces que, de acuerdo con la obligación que tienen todos los estados parte en la CSE de elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de su articulado, España había presentado en octubre de 2012 el preceptivo informe sobre los derechos del ámbito de la salud y la protección social (artículos 3, 11, 12, 13, 14 de la CSE y art. 4 del Protocolo), que el Comité ha revisado a lo largo de 2013. Las conclusiones del Comité respecto de estos artículos se dieron a conocer el pasado 28 de enero y han causado cierto revuelo al constatar, como venían denunciando numerosas personas y entidades en nuestro país, que la exclusión de las personas extranjeras del Sistema Nacional de Salud por razón de su estatus irregular constituye discriminación y una violación de la CSE.

En realidad, un análisis pormenorizado de las conclusiones del Comité respecto del informe de España permite constatar que en ciertos aspectos nuestros estándares de derechos en el ámbito de la salud son satisfactorios. Así, el Comité valora positivamente nueve obligaciones concretas que se derivan de los artículos citados, como por ejemplo en lo relativo al contenido de la legislación sobre higiene y seguridad en el trabajo (art. 3.1), las medidas adoptadas para la prevención de las enfermedades (art. 11.3), el derecho a la seguridad social (art. 12.2) o la asistencia de urgencia para no residentes (art. 13.4), entre otros.

Ahora bien, el Comité también detecta seis violaciones específicas de la CSE, debidamente razonadas, aparte de solicitar información suplementaria al gobierno sobre algunos aspectos de su informe. Entre las vulneraciones más flagrantes de la CSE detectadas por el Comité vale la pena destacar las siguientes:

En primer lugar, como se ha dicho, el Comité considera que la exclusión generalizada de las personas migrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud (con la sabida excepción de menores, mujeres embarazadas y urgencias) constituye una violación de su derecho a la protección de la salud (art. 11) en tanto que les impide acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con las demás personas sometidas a la jurisdicción del Estado.

Esta observación no debería causar sorpresa entre nuestros responsables políticos porque el Comité ha interpretado reiteradamente que la obligación de los Estados expresada en la CSE de tomar “medidas adecuadas” para “eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente” implica asegurar que toda la población del estado tiene acceso al sistema de salud; y ello es así porque “la protección de la salud es un prerrequisito para la dignidad humana y la dignidad humana es el valor fundamental y el núcleo del derecho europeo de los derechos humanos”.

Además, el Comité no rehúye enfrentarse al manido argumento de la “crisis económica” como justificación áulica de todos los recortes sociales y afirma que esta crisis “no debería tener como consecuencia la reducción de la protección de los derechos reconocidos por la Carta” y que los gobiernos tienen la obligación de garantizar con efectividad los derechos de la Carta precisamente “en un momento en que los beneficiarios más necesitan la protección”.

Merece la pena subrayar que aunque el Decreto de “sostenibilidad” del sistema sanitario se adoptó en abril 2012 (y el período analizado por el Comité iba de 2008 a 2011) el Comité anticipa su opinión crítica para dar al gobierno la oportunidad de corregir su error lo más rápidamente posible. Técnicamente, pues, esta sección de las conclusiones del Comité no son tanto una “constatación” de una violación de la CSE cometida durante el período objeto de examen, sino un aviso a navegantes del que el gobierno debería tomar buena nota.

En segundo lugar, el Comité crítica duramente el alcance de algunas prestaciones sociales, cuya mísera cuantía y alcance resulta insuficiente para satisfacer algunos de los derechos contemplados en la CSE. Así, el Comité detecta una violación del compromiso de España de “establecer o mantener un sistema de seguridad social” (art. 12.1) no porque dicho sistema no exista, sino porque sus prestaciones son, en muchos aspectos, “manifiestamente inadecuadas”. Se refiere sobre todo a las prestaciones por enfermedad y a la prestación por desempleo, mientras que valora positivamente el nivel de las pensiones mínimas contributivas. Por cierto que también halla violación del párrafo 4 del mismo artículo 12, en lo que se refiere a la extensión de los beneficios de la seguridad social a los nacionales de los demás Estados parte en la CSE, por lo que respecta específicamente a países europeos no comunitarios.

También fuera del marco de la Seguridad Social se critica duramente las prestaciones sociales que se perciben en España. Conforme al art. 13.1 de la CSE, los Estados parte se comprometen a velar “porque toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguir éstos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado”.

El Comité de Derechos Sociales reitera lo que ya había manifestado en informes anteriores: que el sistema español de rentas mínimas en la mayoría de comunidades autónomas no satisface las exigencias de este precepto en la medida que está condicionado a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad). Por otro lado, el Comité reitera que las prestaciones son “adecuadas” siempre y cuando no se hallen manifiestamente por debajo del umbral de pobreza, lo que no se cumple en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas españolas (las excepciones son País Vasco y Navarra). Unas prestaciones que perpetúan la situación de pobreza y exclusión no alcanzan el estándar mínimo exigible a los derechos humanos del ámbito social.

Las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no tienen carácter vinculante, pero constituyen una interpretación técnica autorizada de primer nivel de un tratado internacional firmado y ratificado por España. Teniendo en cuenta que, conforme a la Constitución y al Código Civil, los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados en el BOE son fuente del derecho español y tienen rango supralegal, las distintas administraciones competentes deberían desde ahora mismo dejar de aplicar el Real Decreto 1192/2012 por inconformidad con la Carta Social Europea, como ya han hecho algunas comunidades autónomas. Y en aquellas comunidades en las que no ha habido insumisión al Decreto, deberían ser los jueces y tribunales quienes tomaran las acciones oportunas, a instancia de las personas perjudicadas por esta legislación contraria al derecho español e internacional, para garantizar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Asimismo, las comunidades autónomas deberían revisar al alza las prestaciones sociales que prestan a sus ciudadanos más necesitados, sin restricciones injustificadas y durante el tiempo que sea necesario.

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El #ApartheidSanitario del @ppopular es ILEGAL. @yosisanidaduniv

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 10 febrero, 2014

Europa avisa a España de que incumple sus normas al dejar a los sin papeles sin la sanidad
ARTÍCULO DE YO SÍ SANIDAD UNIVERSAL.
alambrada sanidad
El Consejo de Europa rechaza el decreto de Ana Mato que niega a los inmigrantes en situación irregular el acceso a la sanidad universal. Estrasburgo recuerda a España que está obligada a ofrecerles cobertura sanitaria “sea cual sea su estatus de residencia”: “La atención sanitaria es un prerrequisito para la prevención de la dignidad”
El Consejo de Europa ha vuelto a reprender a España. En esta ocasión le avisa de que la decisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de dejar sin sanidad a los inmigrantes en situación irregular va en contra de las normas europeas, asumidas por España hace décadas al ratificar la Carta Social Europea. “Los estados que forman parte de la Carta tienen obligaciones en términos de acceso a la atención sanitaria para los migrantes independientemente de su estatus de residencia”, señala el Comité Europeo de Derechos Sociales en las conclusiones publicadas este miércoles.

“Los estados deben asegurar que todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la atención sanitaria y que el sistema sanitario es accesible para toda la población”, continúa el comité, que recuerda que esto es un “prerrequisito para la prevención de la dignidad humana” y esta un “valor fundamental” para que se respeten los derechos humanos. Además, reprocha al Gobierno que utilice la “crisis económica como pretexto”: “Hay alternativas menos costosas en términos financieros y respecto al impacto de la medida en la salud pública de la población en su conjunto”, dice el informe.

No obstante, el Consejo de Europa reconoce que no puede llevar a cabo medidas respecto al “desarrollo legislativo regresivo en relación al acceso a la sanidad de los extranjeros”, ya que este informe solo valora los aspectos producidos en el periodo 2008-2011 y el decreto de medidas de acceso al sistema de salud es de abril de 2012. Aún así, advierte de que si el Gobierno no da marcha atrás estará incumpliendo los estándares fijados por el organismo internacional del que forma parte: “Si la legislación se mantiene, no habrá otra cosa que mostrar en el próximo informe la no conformidad con la Carta”.

Más recortes, menos derechos sociales

En materia sanitaria, el organismo también destaca la importancia de que el derecho de acceso no debe encontrar “retrasos innecesarios” y, aunque se hace eco de la legislación adoptada en este sentido, pide a España datos sobre el tiempo medio de espera para los tratamientos hospitalarios y para las consultas de atención primaria.

Otro de los asuntos en los que España incumple el tratado social que comparte con los países europeos es el relativo a las prestaciones por enfermedad. En este sentido, indica que se queda en el 60% del IPREM -el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se toma como referencia para la concesión de ayudas o subsidios- lo que sitúa los ingresos que se obtienen por estas bajas en 4.473 euros. “El nivel mínimo de las prestaciones por enfermedad es manifiestamente inadecuado”, denuncia.

También reprocha que no haya alcanzado acuerdos bilaterales con ciertos países europeos para que los residentes en España tengan igualdad respecto a los derechos en materia de seguridad social, algo a lo que obliga la ratificación de la Carta Social Europea. En concreto, los ciudadanos de Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Turquía, Georgia y Moldavia no tienen garantizado el derecho a la seguridad social cuando residen en España.

El comité llama la atención sobre la falta de una protección específica para que las personas mayores no sufran discriminación en áreas que van “más allá del empleo, como el acceso a bienes, instalaciones o servicios”. En este caso, la inexistencia de un marco regulador para evitar la discriminación de la tercera edad incumple el artículo 4 del Protocolo Adicional de la Carta, ratificado por España en el año 2000.

38 estados miembros del Consejo de Europa han violado los derechos sociales de los ciudadanos, lo que supone un aumento que está vinculado a los recortes que los gobiernos han implementado durante la crisis económica y que han afectado “desproporcionalmente a los pobres, desempleados, ancianos y enfermos”. El secretario general del organismo, Thorbjorn Jagland, ha instado a los gobiernos europeos y a las organizaciones internacionales a que presten mayor atención a los derechos sociales y económicos en la aplicación de las “medidas de austeridad”. “La necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos es un valor que se vuelve aún más importante cuando los tiempos son difíciles”, afirmó: “Sin embargo, las políticas de la crisis económica y de austeridad han tenido claramente un impacto negativo en los derechos sociales y económicos de toda Europa. Los beneficios están siendo restringidos y las personas que se desplazan entre los países para vivir o encontrar trabajo a menudo son tratados injustamente”, sentenció.

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Unidades de Gestión Clínica ¿una vía encubierta hacia la privatización? ¿TÚ QUÉ OPINAS?

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 3 febrero, 2014

Muy oportuno este artículo del Periodico Diagonal sobre las Unidades de Gestión Clínica, un modelo implantado en Andalucía por el PSOE hace ya más de 10 años y que ahora quiere implantar el PP en sus comunidades autónomas, algo que nos tiene que hacer pensar sobre “las bondades” de este sistema.

A mí personalmente  me repugna que desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se mantengan en torno a 200 millones de euros anuales para pagar incentivos (la maldita productividad) mientra que los hospitales y centros de salud se colapsan por los recortes en personal, material, quirófanos y camas de hospitalización.

CON LA FIEBRE PRIVATIZADORA EXISTENTE, ACABAR CON LAS UGC ES LA MEJOR FORMA DE DEFENDER NUESTRA SANIDAD PÚBLICAsanidad-publica210

¿Son las unidades de gestión clínica (UGC) un modelo que, dentro del sistema público, promueve una mayor eficiencia mediante la participación del personal sanitario en la gestión de los centros y los recursos o una vía encubierta hacia la privatización? En los últimos meses ha saltado la voz de alarma entre entidades y profesionales sanitarios ante el temor de que se estén utilizando las UGC, implantadas en varias comunidades y en camino en otras y que funcionan con objetivos y con incentivos a los profesionales que los cumplen, como vía para introducir prácticas empresariales, fragmentar y posteriormente privatizar el sistema sanitario en su conjunto.

“El modelo se basa en el reparto de incentivos económicos y los objetivos que los profesionales deben cumplir para recibirlos no tienen nada que ver con la calidad de la asistencia. Lo que prima es gastar poco, derivar poco a la especializada y mantener poco tiempo a los pacientes ingresados”, según denuncia An­tonio Gómez, de la Coordinadora Antipri­va­ti­za­ción de la Sanidad (CAS), que afirma que en una primera fase “se incentiva económicamente a los profesionales para que reduzcan el gasto sanitario, se impregna de cultura empresarial al personal funcionario, y una segunda fase, que es la que está proponiendo el PP, es dotar a estas unidades de personalidad jurídica propia para que se puedan convertir en empresas y competir entre sí”.

La aprobación el 24 de julio de la ley que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ha ahondado los temores en este sentido. Ésta abre la puerta a la laboralización del trabajador estatutario (funcionario) cuando éste se integre en una UGC. “La modificación del Estatuto Marco es el primer paso, porque permitiría sacar al personal del ámbito estatutario”, afirma Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asocia­ciones para la Defensa de la Sanidad Pública, quien también considera que el siguiente paso será convertirlas en entidades jurídicas independientes “y permitir la entrada de ­capital privado en esas microempresas”. Sánchez Bayle considera que “la dinámica de privatización del Gobierno ha generado una contestación social y profesional muy amplia, y con estos proyectos se está intentando una privatización encubierta, dando un rodeo, para evitar esta confrontación social que les está provocando muchos costes”.

La apuesta del Gobierno por las UGC es evidente. El 30 de julio, cinco días después de la modificación del Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad firmaba con el Foro de la Profesión Médica un pacto que prevé su implantación a nivel estatal y autonómico, y aprobar las “modificaciones normativas” necesarias. Tres meses después, adjudicaba por 82.000 euros dos contratos de asistencia técnica y asesoramiento para la implantación de unidades de gestión clínica en los hospitales de Ceuta y Melilla. La adjudicataria de esta última, Bapp Healthcare, pertenece a Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad madrileño imputado por su participación en la privatización de hospitales entre 2004 y 2008.

“No se puede criticar las UGC que monta el PP en Castilla y León y callarse con las del PSOE e IU en Andalucía, que son exactamente iguales”, dice Gómez

También las consejerías de Sani­dad de Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, todas gobernadas por el PP, trabajan desde hace meses para implantar la gestión clínica en sus centros de salud y hospitales. En el caso de Castilla y León, donde se planea una implantación inicial de 50 UGC cuando se apruebe en marzo un decreto para regularlas, un ­informe de CC OO prevé que los incentivos supondrán un gasto de 56,4 millones de euros para la Junta.Pero estas unidades se hallan también en marcha en regiones de distinto signo político, como Asturias, Navarra, País Vasco y Andalucía, comunidad esta última donde el Ser­vicio de Salud se organiza en torno a unas mil UGC. “No se puede criticar las UGC que monta el PP en Castilla y León y callarse con las del PSOE e IU en Andalucía, que son exactamente iguales”, dice Gómez.

La experiencia andaluza

Rut Suárez, médica de familia que trabaja en una UGC en el área de Sevilla, explica que “al principio las unidades se planteaban como una manera de conseguir asistencia de calidad, unificar criterios en tratamientos, en petición de pruebas, etc., pero con el tiempo se ha desvirtuado su filosofía, o quizá ésa era la intención desde el primer momento”. “Hay objetivos en cuanto a ahorro en farmacia, a prescripción de los aparatos, a no pasarte en número de derivaciones al especialista. Si no cumples, a lo mejor estás haciendo que nadie cobre el año que viene, por lo que te presionan muchísimo desde la dirección”, afirma.

En Andalucía, los directores de UGC pueden llegar a cobrar 13.000 euros anuales en incentivos, y un médico de familia unos 7.000. Y, mientras en un año se han eliminado 7.000 puestos de profesionales sanitarios y recortado los sueldos un 30%, los 436 cargos intermedios ­colocados a dedo por la Administra­ción andaluza en las UGC supondrán un aumento del gasto anual, según el Sindicato Médico Andaluz, de 1,5 millones sólo en concepto de productividad.

“Quiero pensar que las UGC no se plantean como algo que va a acabar en una privatización, pero en la práctica consiste en convertir al director de la unidad en un gerente de empresa que mira por el dinero hasta unos niveles que resultan ridículos si no fuera porque afectan a los pacientes. Se hacen regateos por insignificancias que ponen en juego la salud de los pacientes. La gestión de la unidad es con criterios empresariales”, dice Suárez, que añade que a los profesionales que lo han solicitado no se les permite abandonar estas unidades, “ya no es voluntario”. Esta médica añade que la situación llega al punto de que “a mí me penalizan por derivar y al especialista por revisar. Para que a uno no lo penalicen, se deja al paciente en un limbo hasta que se decide a quién le toca el marrón, y esto no tiene ningún sentido”.

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VICTORIA DE #MAREABLANCA EN MADRID, ¿HACEMOS ALGO EN #ANDALUCÍA ?

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 28 enero, 2014

¿Cómo no hacer una entrada en este blog con la victoria de Marea Blanca sobre el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid? Estas cosas son las que justifican la movilización y la lucha de la ciudadanía por lo que es justo.
Espero que logros como éste nos animen a todos a ser conscientes del poder que tenemos para cambiar las cosas cuando nos lo proponemos.
A ver si esto consigue que en Andalucía empecemos a defender también nuestro sistema sanitario público y empecemos a movilizarnos:
- Contra la precariedad laboral del personal eventual del SAS (contratado al 75%).
- Contra los conciertos con la sanidad privada que infrautilizan nuestros recursos en beneficios de unas empresas.
- Por la disminución de cargos directivos que están mano sobre mano sin hacer nada mientras se recorta en personal y material necesarios para una buena atención a la población.
- Por la desaparición de la productividad que reparte de forma arbitraria millones de euros cada año.
…y por tantas cosas que se están perdiendo en nuestra Sanidad Pública delante de nuestras narices sin que nadie mueva un dedo…

¡¡¡SÍ SE PUEDE!!! LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

GRACIAS MAREA BLANCA DE MADRID.

marea blanca

Artículo sobre la renuncia de la Comunidad de Madrid a la privatización de seis hospitales públicos aparecido en el Huffington Post

El presidente de la Comunidad de Madrid deja “sin efecto” la privatización de seis hospitales públicos de la región (Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo), tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de rechazar el recurso presentado por su administración contra la suspensión acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
González ha anunciado esta decisión en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, al que la privatización sanitaria ha ‘devorado’ políticamente.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha explicado que toman la decisión de “dejar sin efecto el proceso” por una cuestión de “responsabilidad”, aunque ha criticado que la justicia haya tardado ocho meses en decidir sobre “una cuestión cautelar que no tiene que ver con el proceso”.
González asegura que este revés de la justicia no varía sus planes presupuestarios y que, por tanto, no van a “introducir ningún recorte desde el punto de vista de los servicios”, aunque sí “ajustando el gasto”.
Respecto a la evolución del proceso, el máximo responsable madrileño no lo considera un fracaso “sino todo lo contrario”, porque, dice, “ha generado un debate para concienciar a toda la sociedad y a los profesionales de la necesidad que tenemos de realizar una gestión más eficiente del sistema público de salud”. “Ha sido bueno”, ha remachado.
Sobre la dimisión de Lasquetty, González ha recalcado que el ya exconsejero de Sanidad ha sido “un consejero excelente”, que ha tenido una “gestión absolutamente dedicada” al cargo y cuyo objetivo era “mantener nuestro sistema público de salud”.

“ES UNA LUZ DE ESPERANZA”
Esta es toda una victoria para la ‘marea blanca’, que durante todo el 2013 se ha manifestado el tercer domingo de cada mes por las calles de Madrid contra la privatización de la sanidad pública.
Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), su portavoz, Patricia Alonso, se ha mostrado muy satisfecha con la decisión de González de dar marcha atrás. “Estamos satisfechos, no, lo siguiente. Estamos contentísimos, aunque espectantes”, ha reconocido a El Huffington Post.
Alonso insta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, a partir de ahora, “se ponga a trabajar en mejorar el sistema sanitario” pero por la vía de la “eficiencia”. “Hay que reformar el sistema sanitario”, asegura.
“Este es un paso muy importante, no sólo para los madrileños, sino para toda la ciudadanía. Hemos conseguido parar un proceso que era imposible de parar”, indica la portavoz de Afem, que cree que esto ha sido posible por los “argumentos jurídicos” aportados y también por el apoyo de “todos los ciudadanos que nos han acompañado, que han firmado contra la suspensión y que han estado con nosotros”. “Es una luz de esperanza que demuestra que se puede porque hay argumentos de sobra”, ha añadido.
Desde Afem tienen la esperanza de que la Comunidad de Madrid no intente buscar la privatización de los centros hospitalarios por otras vías. “Espero que busquen soluciones definitivas, que no pasen por traspasar enfermos a centros privados, sino por la reforma del sistema sanitario como debe implantarse”.

CHOQUE CON LA JUSTICIA
El 27 de diciembre de 2012, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó, con los votos de la mayoría del PP, la privatización de seis hospitales públicos y 27 centros de salud.
El 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria habilitaba la externalización de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, el Hospital del Sureste, el del Henares y el del Tajo.
En julio TSJM suspendió ya cautelarmente la externalización a petición del PSM aunque posteriormente levantó la paralización al considerar que los socialistas no tenían legitimidad para recurrir al no ser ‘parte interesada’ en este proceso.
El 16 de octubre, el entonces presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán acordó la agrupación de todos los recursos presentados sobre la externalización, argumentando que con ello se evitaban posible contradicciones de las resoluciones por parte de diferentes salas. Luego, el 9 de enero, dicho Pleno se reunió y acordó devolver a las secciones de origen los recursos planteados.

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CÓMO RECUPERAR LA TARJETA SANITARIA LOS PARAD@S QUE SALGAN AL EXTRANJERO. FIRMA CONTRA ESTA MEDIDA.

Publicado por Dr. Fernando Plaza en 9 enero, 2014

¿ALGUIEN TIENE DUDAS DE QUE ESTE GOBIERNO INHUMANO VA CONTRA LAS PERSONAS?
Lo publicamos en este Blog el 5 de enero; Parados de larga duración que salgan del país quedarán definitivamente excluidos del sistema sanitario
APENAS 4 DÍAS DESPUES LA NOTICIA ES OTRA BIEN DISTINTA: LA RESPUESTA SOCIAL A ESTA NUEVA MEDIDA INJUSTA DEL GOBIERNO SE ESTÁ ORGANIZANDO.
- ESTUDIANDO CÓMO HACER QUE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ESTA SITUACIÓN PUEDAN RECUPERAR SU TARJETA SANITARIA.
- LANZANDO UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS CONTRA ESTE NUEVO TIPO DE EXCLUSIÓN SANITARIA.

PARTICIPA FIRMANDO EN LA CAMPAÑA Y DIFUNDIENDO ESTA INFORMACIÓN.

PORQUE LA SANIDAD PÚBLICA ES DE TOD@S Y TIENE QUE SEGUIR SIENDO PARA TOD@S

Las personas que salgan de España más de 90 días al año perderán la tarjeta sanitaria, que podrán recuperar a su vuelta si cumplen varios requisitos.
Quien no tenga un contrato legal en su nuevo país de residencia o esté cursando un estudio homologado, tendrá que costearse su propio tratamiento.
Una vez agotada la prestación, aún residiendo en España, hay que seguir dado de alta como demandante de empleo para no perder la tarjeta o solicitar la destinada a sin recursos.

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¿QUÉ HACER PARA INTENTAR RECUPERAR LA TARJETA SANITARIA? Información aparecida en eldiario.es
Cuando esas personas que pierdan su tarjeta sanitaria vuelvan a España, la podrán recuperar si cumplen unas determinadas condiciones. Tendrán que ir a las oficinas de atención e información de la Seguridad Social a notificar su vuelta a España. Se les requerirá entonces que demuestren que cumplen con alguno de los requisitios para ser “asegurado”: estar trabajando como asalariado o autónomo, ser pensionista, cobrar una prestación o subsidio, o bien haber agotado una y estar dado de alta como demandante de empleo en una oficina del antiguo Inem. Si no se cumple ninguno de estos requisitos, entonces se podrá solicitar una tarjeta siempre que se acredite unos ingresos inferiores a 100.000 euros al año o bien si es cóyunge o excónyuge de un asegurado. Para ello será necesario tener nacionalidad española o de algún estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo o Suiza, o ser extranjero con una autorización para residir en España.
Las tarjetas sanitarias que se dan a personas que no cotizan se consideran para “sin recursos”. Algunos usuarios aseguran que el proceso para solicitarla después de haber estado en el extranjero ha sido un auténtico calvario, así intente evitar pasar por este trámite.

¿Quién y cómo va a controlar que las personas pasan más de 90 días fuera de España?
Desde la Seguridad Social señalan que la administración tiene sus procedimientos y que los aplicará, como sucede en otros casos (como el control de las prestaciones por desempleo), sin más concreciones. Es decir, en principio no hay ningún mecanismo específico para llevar a cabo este control. España tiene conocimiento de que uno de sus cuidadanos está en el extranjero si, por ejemplo, se inscribe en algún consulado.
Con todo, ten mucho cuidado con no perder su tarjeta sanitaria durante su estancia en el extranjero o comprueba la fecha de caducidad de la misma antes de decidirse a irse fuera. Una renovación voluntaria puede ser la forma más sencilla de descubrir que no se está residiendo en el país.

imagesDEMUESTRA TU OPOSICIÓN A ESTE NUEVO ATAQUE Y FIRMA
Al Gobierno: Restablecimiento de la asistencia sanitaria pública a los emigrantes españoles

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