Enfermería Intercultural

Una apuesta por la Interculturalidad en el campo de la Salud

Análisis ético ante la retirada de la asistencia sanitaria a extranjeros sin tarjeta de residencia

Posted by Dr. Fernando Plaza en 20 julio, 2012

UN POCO LARGO PERO MUY RECOMENDABLE. PERFECTAMENTE APLICABLE A LA ENFERMERÍA.
Documento elaborado por el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria


La situación generada por la retirada súbita del derecho a la asistencia sanitaria
completa en el SNS a personas sin permiso de residencia, que hasta ahora tenían
reconocido este derecho, plantea cuestiones en las que existen conflictos entre
principios éticos que afectan a los médicos de familia, tanto en su condición de
profesionales como de ciudadanos. El ejercicio de la profesión médica conlleva
unas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse a
conveniencia personal, de la organización, ni siquiera de las disposiciones
gubernamentales. Como ciudadanos, los médicos de familia pueden y deben tener
una posición en relación con normas que afectan de manera muy relevante el
contenido de su labor. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria,
como asociación civil, debe asumir su responsabilidad social y liderazgo; como
órgano de representación profesional, si finalmente se concluye que la norma que
nos ocupa puede estar atentando contra principios éticos profesionales básicos,
debe posicionarse públicamente y realizar propuestas concretas, tanto en el
sentido de tratar de influir para que la norma se modifique, como en el de informar
a sus asociados sobre procedimientos encaminados a atenuar sus efectos sobre los
pacientes afectados por ella, entre los que se encuentra la posibilidad de la objeción
de conciencia.
Se acepta la legitimidad del Gobierno para establecer criterios con los que distribuir
o priorizar las políticas públicas. Sin embargo, los objetivos sociales generales –
como los motivos relativos a “la sostenibilidad del sistema” que justifica, en su
preámbulo, el RD Ley 16/2012 – tienen una importante limitación: deben respetar
los derechos fundamentales de los individuos, aquéllos que hacen referencia a la
“igual consideración y respeto”. Una persona tiene un derecho fundamental si ese
derecho es necesario para proteger su dignidad o su estatus, como acreedor de la
misma consideración y respeto que el resto de la comunidad. ¿Es la asistencia
sanitaria un derecho fundamental de las personas? Si es así, ¿cuál es su alcance?
Si no lo es, ¿cómo puede limitarse?
Nuestras leyes, hasta el momento, habían ido desarrollando dos ideas reguladoras
de los derechos individuales: la dignidad de la persona y la igualdad. Las leyes en
España, fruto del desarrollo moral de nuestra sociedad, han reconocido, hasta el
momento, la especial fragilidad como personas de los ciudadanos extranjeros en
una situación administrativa irregular (voluntaria o sobrevenida), por lo que han
gozado de una especial protección, en su condición de personas, ante el
Ordenamiento español.
EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el derecho a la protección de la salud en
sentido estricto, tal como se recoge en el art. 43 de la Constitución, no
constituye un derecho fundamental. En la Carta Magna se establece que serán los
poderes públicos quienes, con el objeto de protegerla, adopten las medidas
oportunas para eliminar las deficiencias de salud, prevenir enfermedades y
fomentar la educación en estas materias. Por su parte, la OMS reconoce el derecho
a la salud como un derecho humano que impone a los Estados ciertas obligaciones
para darle efectividad, aunque aceptando el “principio de realización progresiva”,
es decir, “avanzar lo más expedita y eficazmente posible, hasta el máximo de los
recursos de que dispongan”.
Por tanto, el derecho a la asistencia sanitaria no es un derecho
fundamental; sí lo es el derecho a la protección de la salud. Hasta dónde
cada Estado avanza en la protección de dicho derecho es algo que debe decidir
cada gobierno. La OMS establece unas “obligaciones básicas” para hacer efectiva
esta protección de la salud: atención primaria de salud esencial, alimentación
esencial mínima nutritiva, saneamiento, agua limpia potable, medicamentos
esenciales, y los aspectos relacionados con la salud pública y la prevención.1
Los criterios para establecer limitaciones
Por tanto, aceptando que el Gobierno tiene legitimidad para establecer el contenido
y distribución de la asistencia sanitaria, ¿son correctos los criterios utilizados
para imponer la limitación? La regla de la oportunidad justa, desarrollada por
Rawls y aplicada a las prestaciones sanitarias por Daniels, expresa que “a nadie se
le debería negar beneficios sociales sobre la base de condiciones desventajosas no
merecidas”. Los autores consideran condiciones no merecidas aquellas distribuidas
por la lotería de la vida social o biológica. Así, no se podría limitar la atención
sanitaria considerando la raza, el sexo, el nivel sociocultural… ¿y la regulación
administrativa de un extranjero? La ley interpreta que la libre decisión, la
voluntariedad de las personas en establecerse de forma irregular en un país no
constituye una condición desventajosa inmerecida, por lo que limita la asistencia
sanitaria de una manera que no pudiera considerarse injusta desde un punto de
vista formal.
Pero, ¿qué se puede limitar? Todo, excepto los mínimos. Y estos mínimos
superarían los que ha establecido el Gobierno, que es claramente insuficiente. Por
una parte, se limita la atención sanitaria a los casos urgentes, lo que lleva a
plantearse qué es urgente o no. Está claro qué es una urgencia vital, pero en el
resto de los casos es un concepto subjetivo difícilmente delimitable para pacientes
y profesionales, por lo que la decisión del carácter urgente de la demanda quedará
al arbitrio de cada profesional, lo que introduce una discrecionalidad
potencialmente muy poco equitativa y proyecta sobre los profesionales una
responsabilidad que no les corresponde: ser jueces sobre quién y hasta dónde un
paciente tiene derecho a que se le atienda. Además de lo ambiguo del término
“urgente”, la discrecionalidad inevitable y el papel de jueces que se impondría a los
profesionales, esta atención es insuficiente si atendemos a las recomendaciones
planteada por la OMS. Por ello, entendemos que la limitación de la atención
sanitaria a los casos urgentes debería ampliase a una “atención sanitaria
básica”, atención primaria, asistencia preventiva, medidas de salud
pública, asistencia urgente, servicios especiales para los discapacitados y
acceso a la medicación básica. Reconocer esta atención sanitaria básica tendría
unas consecuencias prácticas relevantes: en términos de salud pública, porque se
conseguirían más garantías de protección para el resto de la sociedad en relación
con enfermedades infectocontagiosas potencialmente trasmisibles; en términos
organizativos, porque se evitaría colapso de los servicios de urgencia; por último,
en términos de eficiencia económica, porque disminuiría el gasto mayor que
supone derivar toda la atención sanitaria a los dispositivos urgentes (más caros
que atención primaria o la prevención) y asumir sólo las complicaciones derivadas
de haber dejado de atender las condiciones crónicas en etapas precoces de su
evolución.
Inmigrantes no regularizados actuales vs potenciales
Ahora bien, una cosa es que los inmigrantes que a partir de ahora decidan residir
de manera ilegal en nuestro país vean limitado su derecho a una asistencia
sanitaria básica en virtud de una condición elegida por ellos (y vengan a nuestro
país conociendo esta circunstancia) y otra es que el colectivo de inmigrantes que
hasta ahora tenían reconocido dicho derecho lo vean limitado. Esto plantea más
problemas, ya que la situación generada es arbitraria y se estarían negando,
de hecho, beneficios sociales sobre la base de “condiciones desventajosas no
merecidas”. Sobre todo en aquellos extranjeros que de manera sobrevenida pasan
a una situación de ilegalidad por haber perdido su trabajo, lo que sería en las
actuales circunstancias una consecuencia no merecida y azarosa. También la
limitación del derecho a la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares
voluntarios que ya lo tenían reconocido parece una situación sobrevenida y
azarosa, y plantea, además problemas éticos profesionales, como veremos,
relacionados con la obligación de no abandono y lealtad debida a que no
deberían verse forzados por la autoridad. En ambos casos, se está, en la práctica,
vulnerando la norma jurídica general, proclamada en el artículo 9.3 de la
Constitución y el 2.3 del Código Civil de que las leyes no tendrán carácter
retroactivo. Este principio de irretroactividad se asienta en la necesidad de
seguridad jurídica y de respeto de los derechos adquiridos, que en este caso se
están vulnerando claramente.
Los puntos clave de este primer apartado acerca del derecho a la asistencia
sanitaria serían:

1. Es legítimo, se compartan o no las razones, que el Gobierno determine el
alcance y distribución de la asistencia sanitaria porque ésta no es un derecho
fundamental de las personas, sí lo es el derecho a la protección de la salud. El
contenido de las prestaciones sanitarias necesarias para garantizarlo debe ser
establecido por cada sociedad a través del Gobierno legítimo, considerando los
condicionamientos socioeconómicos.
2. Existe un importante consenso de que deben existir unas mínimas prestaciones
sanitarias para garantizar la protección efectiva de la salud. El RD 16/2012 no
cumple con estas mínimas condiciones (ya que las limita a la atención urgente)
y, por tanto, creemos que semFYC debe reclamar del Gobierno la ampliación
del derecho de asistencia sanitaria a un “mínimo decente” que incluya:
atención primaria, salud pública y prevención, asistencia urgente,
atención a la discapacidad y acceso a medicamentos esenciales.
3. Esta ampliación del derecho a la asistencia sanitaria básica tendría la
ventaja de minimizar los riesgos para la salud pública que tendería a dejar
a un colectivo especialmente frágil sin atención sanitaria, impedir el colapso
de los dispositivos de atención urgente y mejorar la efectividad
económica de la ley.
4. Es necesario aceptar que existen diferencias entre el colectivo de inmigrantes
que hasta ahora tienen reconocido el derecho a la asistencia (no regulares
actuales) de los que están por llegar (no regulares potenciales). Lo dicho
hasta ahora se puede aplicar a los inmigrantes no regulares
potenciales, pero no es posible aceptar su aplicación al colectivo
inmigrante no regular actual por varios motivos: es una limitación que no
cumple con el criterio de “oportunidad justa”, fuerza un conflicto ético
profesional grave vulnerando los principios de no abandono y lealtad debida, y
vulnera el principio legal general de la no retroactividad de las leyes.
Consideraremos los problemas éticos profesionales que van a surgir con el colectivo
de inmigrantes no regularizados que hasta ahora tenían reconocido su derecho a la
asistencia (no regulares actuales). En nuestra opinión, esta norma, vulnera
gravemente los principios éticos de beneficencia, justicia y no maleficencia.
El principio de beneficencia que ha regido la actuación médica desde hace siglos
no es absoluto y debe estar modulado por los otros principios, como hace el
principio de autonomía, es decir, el médico no puede hacer lo mejor por el paciente
sin su consentimiento. En este caso, no es el paciente quien rechaza la atención
sino que la Administración impone que el médico no le siga atendiendo. Estamos
hablando de ciudadanos que hasta ahora estaban siendo atendidos normalmente en
las consultas de atención primaria, a los que una norma impide que se les siga
atendiendo, aunque no han perdido su calidad de pacientes. Porque lo que define a
una persona como paciente no es su condición administrativa sino que se haya
establecido previamente una relación clínica que está presidida, desde el principio y
como un valor básico, por la fidelidad.
La relación médico-paciente es una relación fiduciaria, es decir, es una relación
basada en la confianza o confidencia. La fidelidad o lealtad se concibe como dar
prioridad a los intereses del paciente en dos sentidos: (1) el profesional prescinde
de su propio interés en cualquier conflicto con los intereses del paciente y (2) los
intereses del paciente tienen prioridad sobre los intereses de terceras partes. Este
principio, está protegido expresamente por el Código de Deontología Médica (CDM),
en cuyo Artículo 11 se establece que el médico debe preservar “la continuidad
asistencial”, de ello se puede inferir que, si se llegara a producir una interrupción
del derecho a la asistencia de un paciente por razones ajenas a la voluntad del
mismo, como ocurriría con un cambio legislativo de aplicación inmediata, el médico
no puede interrumpir sin más la atención del paciente.
En general, la reflexión ética acepta que pueda existir una lealtad dual, es decir,
que el médico se deba a su paciente pero también a su institución. Pero, ¿qué pasa
cuando ambas lealtades se contraponen? Beauchamp y Childress proponen que, si
es posible, sea el profesional quien haga compatible ambas lealtades, por ejemplo,
informando previamente al paciente de los límites “impuestos” de su actividad.
Pero, en este caso, dado que la relación clínica se estableció en unas condiciones,
no es posible cambiarlas sin atentar contra el principio de lealtad y no abandono.
La norma solo deja el recurso a la desobediencia del profesional. No es
posible aceptar lo que la institución le pide: romper la alianza de confianza
establecida entre el médico y el paciente. En este caso, por tanto, la norma está
forzando la ética profesional en un principio básico, la lealtad, la confianza y la
promesa de no abandono.
LA ÉTICA PROFESIONAL
La justicia alude al trato imparcial sin discriminaciones. La solidaridad completa a
la justicia, dando más a quien más lo necesita, para superar la inequidad social. La
ley, negando el derecho a una asistencia sanitaria de pleno derecho, incrementa la
desigualdad social discriminando, precisamente, al que más lo necesita. El Código
de Deontología Médica (CDM) incluye tratar con la misma diligencia y solicitud a
todos los pacientes, sin discriminación alguna (Art.2). El principio de no
maleficencia exige no aumentar el mal de los que ya están mal, ni crear mal nuevo.
En este sentido, el CDM, en su artículo 5, nos recuerda que la principal lealtad del
médico es la que debe a su paciente y que no se puede negar la asistencia del
paciente aduciendo temor a las consecuencias que su atención puedan reportarle.
El capítulo X dedicado al ejercicio en instituciones, insta al deber de prestar a todos
los pacientes una atención de calidad humana y científica (Art. 21). Los
profesionales con responsabilidades en dirección y gestión de recursos están
llamados también a la actuación por el bien colectivo y la equidad (Art 23).
Las conclusiones, tras la reflexión ética y deontológica son:
1. Los deberes profesionales con los pacientes con los que se ha iniciado
una relación clínica (colectivo de inmigrantes no regulares actuales) son
superiores a los que se puedan establecer con pacientes todavía no
conocidos (inmigrantes no regulares potenciales).
2. Equiparar ambos colectivos en la limitación de la atención sanitaria
supone ignorar y atentar contra principios éticos básicos que no pueden
ser aceptados por los profesionales.
3. La semFYC debe exigir al Gobierno que sea posible mantener las
prestaciones sanitarias con el colectivo de inmigrantes no regulares
actuales. En caso contrario, la única salida posible para no vulnerar la ética
profesional es la objeción de conciencia al cumplimiento de la ley.
¿Qué se debe hacer cuando una norma legítima atenta contra principios éticos
fundamentales que rigen la actuación profesional? Cuando existen lealtades
contrapuestas, es la promesa de no abandono, la lealtad para con el
paciente, la que debe prevalecer. La ética civil reconoce el derecho de las
personas a mostrar su objeción al cumplimiento de la norma por motivos de
conciencia. La objeción de conciencia es un derecho básico por el cual un
ciudadano y los profesionales somos ante todo ciudadanos, puede decidir
no aceptar una ley que se le impone por considerar que su cumplimiento
atentaría contra su dignidad como persona.
La conciencia puede ser descrita como el juicio reflexivo por el que cada persona
distingue interiormente el bien del mal, la actuación correcta de la incorrecta, la
acción honesta de la deshonesta, la conducta ética y moral de la inmoral y la
contraria a la ética. La conciencia designa los compromisos éticos últimos de una
persona. Es un acto de oposición de la ley de la conciencia a la ley oficial, de
afirmación de la preeminencia de la ley moral sobre la ley jurídica establecida.
La objeción de conciencia3, tal como se entiende actualmente en el contexto de
la actividad profesional, es la negativa, por motivos de conciencia, a someterse a
una conducta jurídicamente exigible, ya sea por tratarse de una obligación que
ÉTICA CÍVICA
proviene de una norma legal, de un mandato de la autoridad o de una resolución
administrativa, tomando la forma de omisión del presunto deber, del cual se solicita
ser eximido sin ser penalizado.
La desobediencia civil es la oposición activa y enfrentamiento a la norma que se
considera injusta, con la intención de derogarla, aceptando las consecuencias de la
represión, e incluso provocándola, como medio de lucha.
La objeción de conciencia es pues un tipo de desobediencia civil individual y
autónoma a la ley, abierta y pública, no violenta, que acepta las consecuencias
personales derivadas de la misma, que refleja una conexión directa entre la
objeción y la ley concreta a la que se objeta, que se justifica en la propia conciencia
y que pretende provocar en los demás la conversión o la persuasión4.
El Código de Deontología Médica entiende la objeción de conciencia como “la
negativa del médico a someterse por convicciones éticas, morales o religiosas, a
una conducta que se le exige, ya sea jurídicamente, por mandato de la autoridad o
por una resolución administrativa, de tal forma que realizarla violente seriamente
su conciencia” (Articulo 32.1).
En el Artículo 33. 3. se establece que el médico debe comunicar al responsable de
garantizar la prestación (en este caso al inmediato superior), y potestativamente, al
Colegio de Médicos, su condición de objetor de conciencia para una determinada
situación, con el fin de recibir el asesoramiento y la ayuda necesaria. Esto es
relevante, pues “de la objeción de conciencia no se puede derivar ningún tipo de
perjuicio o ventajas para el médico que la invoca” (Articulo 35).
Es conocido que la objeción de conciencia presenta varios riesgos, como son el
enmascaramiento, la banalización y la intransigencia. Por eso, la objeción de
conciencia debe satisfacer las condiciones de legalidad y de legitimidad. La primera
exige la manifestación previa de la condición de objetor a aquellas personas a
quienes la objeción de conciencia puede provocar un daño o molestia y la
exposición de los motivos en que se fundamenta tal objeción. Pero, la objeción de
conciencia ha de ser además legítima, esto es, debe estar basada en la honestidad;
debe ser coherente con la actitud y el comportamiento habitual del objetor; ha de
estar relacionada con algún componente clave del marco moral de la persona que
objeta. Cuando la objeción es a no dejar de prestar un servicio (como en este
caso), el objetor debe intentar no perjudicar a otros usuarios que conservan ante la
ley todos sus derechos a una atención sanitaria.
Y es que, al igual que el respeto por la conciencia, el respeto por la aprobación
democrática de las leyes forma también parte de lo que supone tratar a los
ciudadanos como iguales. El respeto por la conciencia debe ser, pues, de doble
dirección. Los objetores de conciencia tienen para con la democracia la
responsabilidad general de respetar las leyes democráticamente aprobadas que son
legítimas, por el bien de la sociedad que las apoya. Del mismo modo, la sociedad
democrática tiene para con ellos la responsabilidad de acomodar sus compromisos
de conciencia en la medida en que esas acomodaciones no impliquen injusticias
para otros, o no creen discriminaciones, o no socaven el proceso democrático de
toma de decisiones.
Las conclusiones tras la reflexión acerca de la objeción de conciencia serían:1. Existen razones muy profundas para considerar inmoral la aplicación de la
norma al colectivo de inmigrantes no regulares actuales. De persistir la
norma como hasta ahora, la objeción de conciencia sería la única
alternativa individual de cada profesional.
2. La objeción de conciencia profesional debe hacer compatible la
continuidad de la asistencia de los pacientes a los que se les retira el
derecho con el no perjuicio del colectivo que lo conserva. Es decir, un
profesional objetor, además de declarar públicamente su condición y
comunicárselo tanto a sus superiores jerárquicos como a los órganos
colegiales pertinentes, debería garantizar un mínimo daño en términos de
tiempo y dedicación sustraída, a los ciudadanos que mantienen el derecho a
una atención completa.
La semFYC considera específicamente que los cambios sociales no pueden sernos
ajenos y “frente a ellos… los Médicos de Familia deben potenciar los valores que
legitiman su papel en la sociedad”. Entre esos valores, la semFYC señala (el énfasis
es nuestro):
1. Compromiso con las personas: El ciudadano es el protagonista de la
atención que presta el Médico de Familia; sus actuaciones, por encima de
cualquier otro interés, están encaminadas a la mejora y mantenimiento de
su salud.
2. Compromiso social: El Médico de Familia, en su función de puerta de
entrada al sistema sanitario, adquiere un compromiso social en el uso
eficiente de los recursos sanitarios y en evitar activamente la discriminación
en el acceso a los servicios de salud.
3. Compromiso ético: El Médico de Familia es exigente con la Administración
Sanitaria y con el resto de actores del sistema sanitario, reivindicando su
buen funcionamiento. Las limitaciones de dicho sistema no le impiden
mantener una actitud ética irreprochable en sus relaciones con los
pacientes, con la sociedad en general, con la empresa sanitaria para la que
trabaja y con la industria farmacéutica.
Por tanto, parece esencial que semFYC se posicione públicamente en relación a
cómo afecta una norma legítima del Gobierno a los valores que la distinguen como
institución, es decir, a su compromiso con las personas por encima de cualquier
otro interés, a su compromiso social evitando la discriminación y a su compromiso
ético por encima de las limitaciones del sistema.
La reflexión desde los principios pone en evidencia que esta norma va en contra del
compromiso que define la actuación de los Médicos de Familia miembros de la
semFYC y, por tanto, entra en conflicto con los valores éticos de esta Sociedad.
¿Cuál debería ser la posición de la semFYC?
Una organización debe emplear todas las presiones en los distintos
ámbitos (sociales, profesionales, políticos y legislativos) para conseguir
que se modifique la ley en base a consideraciones éticas y deontológicas
así como legales.
ÉTICA INSTITUCIONAL
Una organización debe informar y asesorar a los socios de las acciones
legales que se pueden emprender a título individual (como la objeción de
conciencia), facilitando y apoyando como Sociedad las opciones
personales, siempre que la norma atente contra los valores explícitamente
reconocidos por dicha institución y, por tanto, aceptados por los socios que
libremente decidieron asociarse, lo que en este caso claramente sucede.
El resumen de las reflexiones sobre la ética institucional sería:
1. Como institución civil y profesional, la semFYC debe intentar influir en el
Gobierno para que realice los cambios necesarios en dicha ley que permitan
la no vulneración de los principios éticos profesionales de confianza, no
abandono y lealtad, el respeto de criterios de justicia distributiva que deben
presidir las políticas públicas y, finalmente, la preservación de los valores
que la semFYC ha comprometido ante sus socios y ante la sociedad
española.
2. Si el Gobierno no realiza los cambios argumentados en este documento,
nuestra recomendación es que, como institución, la Sociedad declare
públicamente las razones para su oposición a la aplicación de dicha
norma en los artículos que atañen a esta reflexión, facilite y apoye la
objeción de conciencia de los socios que así lo decidan, y promueva
acciones encaminadas a reducir el impacto del cumplimiento de la
ley.
30 de junio de 2012

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: