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La Subdelegación de Gobierno en Almería provoca un mayor abuso hacia los trabajadores inmigrantes de la provincia y su exclusión social.

Posted by Dr. Fernando Plaza en 29 abril, 2011

Una concentración de una cien personas se ha desarrollado frente a la Subdelegación de Gobierno de Almería para pedirle al Subdelegado que modifique su política respecto a la población inmigrante en esta provincia (Videos aquí). por considerar que está vulnerando la legislación vigente en materia de extranjería y está propiciando que se dé un mayor abuso hacia los trabajadores inmigrantes de la provincia y su exclusión social, en vez de aplicar la ley con un criterio integrador, favorecedor del empleo y de la cohesión y la justicia social.
ESTA ES LA POLÍTICA DE EXTRANJERÍA EN ALMERÍA
1. Denegaciones sistemáticas de las solicitudes de autorización de residencia por arraigo en la provincia.
Aproximadamente desde enero de 2011, sin que se haya aprobado ningún cambio normativo, ha cambiado de forma significativa el modo en que la Oficina de Extranjeros de Almería aplica la legislación vigente.
Ello provoca una gran inseguridad jurídica a la ciudadanía, puesto que evidencia que en esta materia tienen más importancia los criterios administrativos, instrucciones y circulares, que la propia normativa. Pero también pone de manifiesto que el principio de no retroactividad normativa, que es un principio garantista de nuestro ordenamiento jurídico, no se está aplicando. Ello se pone de manifiesto en que expedientes de arraigo que fueron presentados durante el año 2010, son denegados en base a criterios adoptados en 2011, los cuáles, ni siquiera han sido publicados ni comunicados a la ciudadanía o a las Organizaciones Sociales.
Pero esta práctica generalizada en materia de extranjería, consistente en guiarse por criterios e instrucciones en vez de por leyes ya que tanto la Ley como el Reglamento de Extranjería tienen rango nacional y han de aplicarse por igual en todo el territorio español. En ese sentido, la Dirección General de Inmigración ha publicado este año los folletos informativos que deben aplicarse por todas las Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno de España, para la tramitación de las diferentes autorizaciones de residencia y trabajo. Sin embargo en Almería se está aplicando la ley de un modo particularmente restrictivo, diferenciándose del resto de Subdelegaciones de Gobierno.
En concreto, la Subdelegación de Gobierno de Almería deniega de forma sistemática casi todas las solicitudes de autorización de residencia por arraigo.
Además se verifica en las resoluciones denegatorias la intencionalidad de que la agricultura almeriense quede fuera del arraigo social, al decir que la agricultura es cíclica y las relaciones laborales de temporada o campaña. Sin embargo, ello pone de relieve un profundo desconocimiento de la realidad de la provincia, en donde se trabaja de modo intensivo, bajo plásticos, para sacar rendimiento de las tierras durante todo el año y hay muchos empresarios que tienen trabajo durante todo el año.
2. Extinciones sistemáticas de autorizaciones:
Estrechamente vinculado con lo que se ha expresado en el párrafo anterior, se encuentra el problema de las extinciones de las autorizaciones, criterio que también ha empezado a aplicar la Subdelegación de Gobierno arbitrariamente, sin que se haya producido ningún cambio normativo.
Esta forma de interpretar la legislación la consideramos ilegal por los motivos siguientes:
– La Subdelegación de Gobierno se excede en sus funciones porque se está obligando al cumplimiento de un contrato de trabajo sin entrar a valorar las causas que, conforme a la legislación laboral, hayan provocado la baja.
– Se está olvidando que la autorización de residencia por arraigo social no está vinculada a sector o actividad alguno, y el trabajador puede ser contratado por otra empresa si por cualquier motivo finaliza la relación laboral que dio lugar a la autorización.
– Se está pasando por alto el espíritu de la legislación de extranjería vigente, que favorece que las autorizaciones de residencia y trabajo se renueven si se ha cotizado seis meses por año, o hasta tres veces por año si media causa justificada. Con esta nueva política, se está extinguiendo el permiso de residencia a personas que han cotizado más de seis meses por año, sólo porque no se cumplió el contrato inicial, sin indagar cuáles fueron las causas legales que dieron lugar a la finalización del contrato.
– La Subdelegación de Gobierno se basa para extinguir las autorizaciones en el artículo 75.2.d, que establece que la autorización de residencia temporal se extinguirá cuando se compruebe la inexactitud grave de las alegaciones formuladas por el titular para obtener dicha autorización de residencia.
Sin embargo, pese a que dicho artículo no ha sido modificado recientemente, sí es reciente la adopción de este criterio por la Subdelegación, lo que provoca inseguridad jurídica. Empresario y trabajador no están alegando nada inexacto cuando presentan un contrato de un año y cuando ha transcurrido más de un año y la autorización es concedida por la Oficina de Extranjeros de Almería, tras empezar a trabajar, les surge cualquier circunstancia, amparada por el derecho laboral, para rescindir ese contrato. La evaluación de que existan causas legales para esto se hará ante la Jurisdicción Social, pero ello no puede afectar a la validez de la autorización ya otorgada, puesto que el trabajador inmigrante tendrá la posibilidad de, en el momento de la renovación de su autorización, someter a la evaluación de la Autoridad, el cumplimiento o no de las cotizaciones mínimas exigidas por la ley, y en ningún caso puede privarse de la posibilidad de trabajar, como cualquier ciudadano, mientras disponga de autorización válida.
– Tenemos constancia de que otras Subdelegaciones de Gobierno no extinguen autorizaciones de residencia a personas en las mismas circunstancias, y no aceptamos que la ley se aplique en cada región de España de una manera distinta.
– La Administración debe favorecer la inserción social y laboral de los trabajadores migrantes y no puede excluirles socialmente con una acción como la extinción de su autorización, cuando están trabajando y cotizando a la Seguridad Social.
3. Redadas racistas y acoso sistemático a las personas inmigrantes
Rechazamos frontalmente la política que se está impulsando y tolerando por parte de la Subdelegación de Gobierno de Almería, de perseguir, criminalizar y hostigar a nuestros vecinos inmigrantes solo por el hecho de serlo. Esta actitud se materializa a través de las redadas racistas que se vienen incrementando en las estaciones de autobuses, mercados, centros sanitarios o de servicios sociales y otros lugares de convivencia pacífica en nuestras ciudades.
Algunos sindicatos de policía ya han puesto de manifiesto que los agentes de policía local y nacional reciben instrucciones para identificar a las personas inmigrantes que encuentren a su paso y detenerlas en caso de no contar con tarjeta de residencia vigente, todo ello con el objetivo de subir las estadísticas y ello se manifiesta en los múltiples controles de Policía en los que sólo se identifica a las personas que tienen rasgos étnicos diferentes.
Esta actuación policial es ilegal, puesto que, si bien la LOSC autoriza a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a requerir la identificación de las personas, sin embargo, el establecimiento de controles en lugares públicos con el fin de proceder a la identificación de las personas que por ellos transiten sólo puede hacerse cuando tenga como objeto el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social. Por otro parte, en los requerimientos de identificación no resulta posible acudir a las meras características físicas o étnicas como criterio de selección para determinar las personas a identificar, ya que ello supone un trato discriminatorio por motivos raciales o de origen.
Por lo tanto, debe concluirse, por un lado, que la actuación policial consistente en la realización de controles de identificación indiscriminados en lugares públicos con el único objetivo de localizar ciudadanos extranjeros en situación de estancia irregular en España no cuenta con cobertura legal. Y, por otro, que vulnera la prohibición de trato discriminatorio por motivos raciales o de origen, utilizar como criterio de selección en los requerimientos de identificación los rasgos étnicos u otros signos externos distintivos de nacionalidad.
4. Renovaciones más flexibles:
El contexto socio- económico actual está provocando que muchos ciudadanos, españoles y extranjeros, no tengan trabajo, sin que hasta ahora se hayan dado soluciones por parte de los Poderes Públicos a este problema. La Subdelegación de Gobierno, asumiendo parte de su responsabilidad en esta realidad económica, debe llevar a cabo políticas públicas que mitiguen los efectos negativos de la crisis en la ciudadanía, y que les permitan mantenerse a flote hasta encontrar una nueva fuente de trabajo. En este sentido, se debe tener un criterio más laxo a la hora de tramitar las renovaciones de las autorizaciones de trabajo y residencia de los ciudadanos extranjeros en aquéllos casos en que, a pesar de estar buscando trabajo, y participar en programas de inserción, no se haya podido encontrar trabajo, permitiendo a estos ciudadanos extranjeros que, al menos, conserven su autorización de residencia y trabajo para que puedan seguir luchando por su inclusión social, y no denegarles las renovaciones, sumiéndoles en la más absoluta exclusión.

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